COMENTARIO AL LIBRO AZUL BRITÁNICO
PERÚ: LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LAS ATROCIDADES CONTRA INDÍGENAS EN EL PUTUMAYO
Por Frederica Barclay*
20 de setiembre, 2012.- La publicación del libro “El Libro Azul Británico” es una magnífica iniciativa del Grupo Internacional de Trabajo en Asuntos Indígenas (IWGIA) y del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). El Libro Azul, que da título a esta publicación, fue el informe que el gobierno de Gran Bretaña presentó en 1912 al Parlamento británico sobre “el trato dado a súbditos británicos e indios nativos empleados en la recolección de gomas en la zona del Putumayo”. Su acceso al público a los 100 años de haber sido formalmente entregado al gobierno peruano, da cuenta de la inmensa deuda que el país tiene con los habitantes originarios de la amazonía y nos mueve a preguntarnos si el trato que hoy el estado peruano da a los pueblos indígenas se condice con el reconocimiento de esta deuda y de los derechos que la legislación nacional e internacional les debe garantizar.
El autor del informe que vertebra esta publicación fue el cónsul británico Roger Casement. Había sido comisionado para estudiar la situación de los súbditos británicos, originarios de Barbados, contratados por la Casa Arana registrada como Peruvian Amazon Co. en Inglaterra en 1907. Las primeras denuncias –espantosas- habían aparecido ese mismo año en la prensa de Iquitos y rebotado en Lima, en enero del 1908, y por increíble que parezca, no tuvieron ningún efecto. Afortunadamente el caso fue asumido por la Sociedad Antiesclavista con sede en Londres y devino en un escándalo de grandes proporciones cuando un semanario inglés publicó una serie de entregas bajo el título del “Paraíso del diablo” en 1909 y la prensa inglesa se hizo eco de estas noticias.
Habiéndose hecho notar que el caso guardaba similitudes con los abusos perpetrados en el Congo belga en África, que Gran Bretaña había documentado exhaustivamente, y estando de por medio una empresa registrada en Inglaterra, las informaciones derivaron en interpelaciones del parlamento inglés a su gobierno, de manera que éste se vio forzado a llevar a cabo una investigación y a ejercer presión sobre el gobierno peruano para remediar la situación.
Con gran reticencia y continuas interferencias del gobierno peruano, dos perseverantes jueces condujeron investigaciones sobre el caso Putumayo y la empresa de Julio C. Arana, las que confirmaron en todos sus términos las denuncias internacionales, incluidas ejecuciones masivas, y los numerosos asesinatos de niños, mujeres y adultos para castigar y amedrentar a los que resistieran llenar las expectativas de producción de jebe, así como las torturas y la explotación de la mano de obra hasta llevar a los peones a los límites de sus fuerzas e incluso la muerte. Esto hizo del caso Putumayo el más documentado de la economía centrada en la extracción de gomas la cuenca alta del Amazonas.
No fue la Casa Arana la única que ejerció violencia contra sus peones y los retuvo sobre la base de unas deudas forzadas a contraer que eran impagables. Sin embargo, no hay duda de que aquel fue un caso extremo en términos la institucionalización y ejercicio de la violencia contra los peones indígenas amazónicos en la era de las gomas.
Puesto frente a estas macabras evidencias el cónsul Casement se preguntó acerca de la aparente irracionalidad económica de esta empresa que implementó un régimen laboral con asesinatos masivos de esa mano de obra de la que dependía enteramente para la extracción de las gomas. Al revisar las cuentas de la empresa Casement constató que se pagaba primas a los funcionarios en función del volumen extraído, de manera tal que cuánto más jebe se extrajeran los peones más ganaban los funcionarios. Esto hizo deleznable el criterio de cuánto se exigía a los peones y alentó un régimen de trabajo y control que algunos estudiosos han llamado de franco terror. Después de todo, como dijo un observador contemporáneo los peones esclavos poco le costaban a la empresa y podían ser repuestos “acorralando las tribus a bala”. Se trataba de una lógica extractivista no solo sobre los recursos naturales sino sobre la propia población originaria de la zona.
Fue el interés de Arana de registrar su empresa en Londres lo que alentó la sobreexplotación de la mano de obra indígena a niveles inimaginables y la violencia institucionalizada. Primero necesitaba situarse con una empresa productora de primer nivel, lo que consiguió convirtiéndose en el principal productor en el Amazonas peruano.
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Con el registro de la empresa en Londres, Arana buscaba desnacionalizar su empresa y así contar eventualmente con la protección de Colombia en caso que el territorio del Putumayo se determinara colombiano en algún momento pues las propiedades y operaciones de Arana estaban situadas en una zona de frontera en disputa. Por eso también se asoció con inversionistas y políticos colombianos como el diplomático Enrique Cortés, que en 1907 era Ministro Plenipotenciario de Colombia en Washington, quien no solo era su agente comercial en Londres, sino que fue socio fundador de la Peruvian Amazon Co. Así y todo, y matanzas de indígenas de por medio, Arana ha sido encumbrado a la categoría de héroe defensor de la soberanía nacional…
Dos coyunturas permitieron a Arana conseguir sus objetivos. Arana había empezado a comerciar en el Putumayo hacia 1898 comprando gomas a los extractores colombianos. El primer factor fue que la guerra civil colombiana de los Mil Días cortó la línea de abastecimiento a estos patrones colombianos. Esto le permitió a hacerse de todos estos clientes dándoles crédito y endeudándolos para cobrarse haciéndose de sus propiedades y sobre todo de sus peones. Se sabe que empleó también la violencia contra estos patrones, incluyendo a Benjamín Larrañaga quien fuera su socio local y principal productor de la zona.
Entre los estudiosos del caso existe consenso en cuanto a que después que Arana se apropió del Putumayo tuvo lugar un cambio radical en el tratamiento de la mano de obra indígena local. En la zona los patrones colombianos habían explotado –con la mano de obra de los huitoto, bora, andoque, ocaina, resígaro y otros pueblos– los árboles de caucho que se presentaban en manchales en esta cuenca. Estos producían lo que se conocía como caucho en planchas, un producto que en el mercado adquiría un precio menor que la shiringa, o jebe fino, o de Pará. Otra variedad de jebe, conocida como jebe débil o shiringa fraca de la especie hevea benthamiana era también abundante pero recibía una cotización muy baja en el mercado, a pesar de que obligaba a realizar una serie de labores necesarias para obtener el jebe ahumado.
El segundo factor fue el incremento de los precios del jebe débil, a partir de 1901 que revalorizó la región del Putumayo. Arana emplazado allí como comerciante y socio de algunos colombianos, tomó diversas provisiones sacar partido de la abundante existencia de árboles de jebe débil pero modificando su elaboración para obtener una forma de presentación característica que se comercializó como rabos del Putumayo, permitiendo que se simplificaran los procesos(1).
Los métodos de extracción de las especies de caucho y la shiringa contrastan radicalmente, por el hecho de que la segunda se lleva a cabo con una serie de diversas actividades rutinarias de corte y recolección sin necesidad de desplazarse en busca de nuevos manchales de árboles, pues no se tumban. Por esa razón este paso llevó a la implementación de un cambio radical en la organización y dirección de la mano de obra indígena disponible. Mientras en el pasado los patrones extractores podían conformarse con trabajadores temporales y poco habituados a la rutina e inmovilidad, que cumplieran con traer al final de la zafra una cantidad de goma, ahora la Casa Arana necesitaba una fuerza laboral estable que pudiera extraer regularmente el látex de jebe débil. Para asegurar este nuevo esquema control Arana implementó drásticos mecanismos de control que aseguraran que los peones aceptaran esas rutinas.
El cambio hacia la explotación de hevea débil, y la mayor severidad aplicada a los mecanismos de control, implicó una drástica modificación del estilo de vida de los trabajadores indígenas pues perdían la libertad de movimiento que antes les permitía combinar la recolección de gomas con otras actividades tradicionales de subsistencia. Bajo el nuevo modelos peones indígenas debían dedicarse por entero a las gomas y no podían alejarse de las secciones para ocuparse de sus chacras, cazar, pescar o visitar a sus parientes. Además, mientras antes se les pedía que entregaran una cantidad de planchas de caucho cada 3 o 4 meses, ahora se les exigía que entregaran una cuota fija de jebe cada 2 a 4 semanas trasladándola a sus espaldas desde los shiringales hasta las llamadas estaciones.
Este modelo era completamente ajeno a la cultura de los pueblos del Putumayo y debió resultar abominable, lo que con el tiempo, provocó una abierta resistencia e intentos de fuga. La implementación de un ejército privado de la Casa Arana, premunido de escopetas, hacía que las fugas fueran una opción arriesgada porque una vez que la empresa pasó a controlar todo el medio Putumayo quedaron pocos lugares donde los fugitivos pudieran refugiarse, y los peones podían ser literalmente cazados. Arana tenía plena libertad para perseguir y castigar a los renuentes y fugados porque no había autoridades en la región o las que existían estaban realmente en la planilla de su empresa. Esto le permitió imponer las medidas más severas de reclutamiento, control y regimentación de su mano de obra.
Aunque fueron las exigencias de la recolección de jebe débil lo que condicionó una nueva reglamentación del trabajo, fue el plan de Arana de registrar su firma como una empresa británica –demostrando para ello ingentes volúmenes de producción– lo que requirió una completa reorganización de los medios de control de la fuerza de trabajo. Con estas reformas Arana logró un incremento impresionante de la producción, multiplicando por 3 su producción entre el 1901 y 1907, el año que se registró en Inglaterra y en el que se hicieron las primeras denuncias de maltrato. El juez Paredes que estudió el caso estableció que en 1906 las matanzas y los castigos crueles “habían alcanzado un grado espantoso”.
Arana había logrado aumentar la producción gracias al incremento de las exigencias sobre los peones, la política de primas para sus funcionarios y el uso de un ejército privado en cada una de sus haciendas llamadas estaciones.
Pero para conjurar los intentos de resistir el nuevo régimen de trabajo, por el cual recibían unas mercaderías a precios escandalosamente sobrevaluados, de las que eran cada vez más dependientes porque las familias ya no podían cazar y mantener chacras, y mantener o incrementar el nivel de producción, la empresa implementó un régimen de terror consistente en torturas públicas, castigos a los jefes indígenas de las agrupaciones, que incluían su ajusticiamiento público de forma individual o en grupo, prácticas que pronto degeneraron en atrocidades aún más arbitrarias cometidas contra cualquiera de los habitantes, incluidas las mujeres y niños.
La impunidad y el argumento de las inevitables consecuencias
El Cónsul Casement visitó la zona en 1910 y nuevamente en 1912, el año que se hizo público el informe, recabó in situ los testimonios de 30 de los capataces barbadenses y observó las huellas de las torturas en los peones indígenas. El informe de Casement en el cual se basa en gran parte el Libro Azul, tiene la virtud de ofrecernos con la sobriedad que tal material permite, una documentación de primera mano que da cuenta de esta página negra de la historia peruana.
La documentación incluida en forma de telegramas entre las autoridades también da cuenta de la reticencia que mostró el gobierno de Leguía para aceptar tomar cartas en el asunto.
Desde que las noticias del Putumayo llegaron a la prensa de Lima en a inicios de 1908 el gobierno peruano desestimó su validez e importancia. A partir de 1909 cuando las noticias resonaron en el exterior, el gobierno de Leguía se afanó en negar sostenidamente todos los hechos a través de los canales diplomáticos, atribuyó las denuncias a intereses foráneos, y asumió como propio el argumento de Arana que la violencia existente en el Putumayo era causada por la barbarie y el canibalismo de los indígenas, que contrastaba con la tarea del empresario cauchero de llevar la civilización a estas zonas y gentes. Una muestra de esta argumentación figura en una comunicación de Arana al directorio británico y a la Legación del Perú en Gran Bretaña que existe en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según éste los actos de violencia “[eran] en los nuevos distritos una inevitable consecuencia de la tentativa de una raza superior de civilizar gradualmente a los nativos de una región hasta entonces inexplorada”.
Fue cuando la presión del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico se incrementó que el gobierno peruano accedió a instruir a la Corte Superior de Loreto a conducir una investigación que individualizó a los responsables, pero nada se hizo para capturar a los principales, incluyendo Arana, quien como si nada salvó sus propiedades en el Putumayo. Forzado por el Parlamento inglés el gobierno británico hizo público el informe el 19 de julio de 1912.
En estos 100 años muchas cosas han cambiado pero el caso Putumayo no deja de tener cierta resonancia actual por cuanto por ejemplo las denuncias como la contaminación de los ríos, quebradas y terrenos en el Lote 1B, en Loreto, fueron negadas por los gobiernos sostenidamente a pesar de la existencia de estándares ambientales hasta que el propio ministerio de salud comprobó que ya se manifestaba en la presencia de metales pesados en sangre. Y aún así, muy poco se ha hecho por restaurar el ambiente y por garantizar una efectiva protección a esas poblaciones indígenas. Sigue actuando el criterio de la “inevitable consecuencia”.
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Notas
(1) Santos Granero, Fernando & Frederica Barclay. 2002. La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, 1851-2000. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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* Frederica Barclay es antropóloga y Doctora en Historia por la Universitat de Barcelona. Investigadora del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía en las líneas de trabajo: Amazonía. Historia regional. Elites locales. Colonización. Es autora y co-editora de numerosas publicaciones como Guía etnográfica de la alta amazonía, Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad. El caso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Camisea, La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, 1851-2000, Ordenes y desórdenes en la selva central. Historia y economía de un espacio regional amazónico, entre otros.
El presente artículo corresponde a la intervención de Frederica Barclay en el conversatorio sobre el Libro Azul Británico realizado el domingo 22 de agosto de 2012 en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima, organizado por Servindi, Iwgia y Colibrí Libros.
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