TIEMPO NUEVO INTERNACIONAL
por Addhemar Sierralta
Año 6 No. 235
UN CAMINO DE PAZ, ESPERANZA Y DESARROLLO ESPERA A PERÚ Y CHILE
LUEGO DEL VEREDICTO DE LA HAYA.
Por Addhemar H.M. Sierralta (Perú).
Al fin, hoy lunes 27 de enero, se conoció el fallo de la Corte Internacional de la Haya acerca de los límites marítimos entre Perú y Chile.
Al margen de los triunfalismos o disconformidades que se puedan derivar de ello, en los dos países litigantes, lo que se debe resaltar es que a partir de hoy debiera abrirse una puerta de entendimiento, unión y camino hacia el progreso entre estos países vecinos.
Fortalecer la Alianza del Pacífico es lo que debiera figurar como prioridad en las agendas de Perú y Chile y facilitarse las inversiones y formación de empresas mixtas para lograr el liderazgo de esta parte del continente.
Analizar si ganó uno o perdió el otro está ya de más. Nuestros países deben dejar cerradas las heridas del pasado, las desconfianzas y rivalidades para dedicarnos a trabajar en forma conjunta y decidida para demostrar al mundo que si podemos alcanzar la madurez de nuestros pueblos y el engrandecimiento que deseaban San Martín y los héroes Grau y Pratts.
La sangre derramada en la Guerra del Pacífico debe servir para limpiar las rencillas y hermanarnos. Siempre estaremos compartiendo la frontera y muchas familias peruanas y chilenas tienen hijos que han heredado los genes de ambos pueblos.
En esta ocasión Perú y Chile han ganado la paz, más allá de zonas marítimas o zonas de pesca. Nace una oportunidad, gracias a Dios, que puede colocarnos como líderes de latinoamérica, de la libertad y de la democracia. De nuestra inteligencia, buena voluntad y decisión dependerá el futuro de las nuevas generaciones.
Los trabajos para determinar las coordenadas en las zonas entre las 80 y 200 millas que faltan deberán hacerse en forma conjunta y cordial. Creemos que así se hará.
Debemos recordar los lazos históricos, nuestra filial lucha por la independencia y que aquellos ideales marquen los destinos comunes hacia un crecimiento y desarrollo integral.
Hoy hemos ganado los pueblos del Perú y Chile. Dios nos bendiga e illumine.
EL OTRO LADO DE SU FUERZA.
El gobierno podría recuperar el crecimiento acelerado que el Perú tenía y legarnos en el 2016 un país con mucho menos pobreza y más future, señala un editorial de El Comercio, de Lima, que deseamos compartir con nuestros lectores.
El año que termina estuvo marcado por algunos severos errores del Gobierno que, particularmente en el primer semestre, minaron fuertemente la confianza en nuestro futuro y, con ello, el crecimiento de la inversión privada, la misma que ha venido cayendo hasta el magro 2,1% de este último trimestre. Algo muy serio, teniendo en cuenta que esta inversión es, de lejos, el principal motor del crecimiento y, por lo tanto, también de nuestras posibilidades de seguir reduciendo la pobreza y generando oportunidades y clase media.
Entre estos errores, acaso los más graves fueron dos. Primero, el intento de revivir el Estado megaempresario y comprar Repsol –intento que vino acompañado por una serie de desconcertantes declaraciones presidenciales–. Y, segundo, el mal disimulado proyecto de una reelección conyugal, sobre el que, incluso, llegaron a ser bastante explícitas diversas figuras del oficialismo.
Es cierto que, ante lo seca que fue la parada que tuvo la economía, el Gobierno pareció tomar conciencia de lo que hacía y dio marcha atrás –al menos hasta donde se puede ver a la fecha– en ambas ideas. Con todo, el chip de la gran transformación pareció persistir en alguna medida en su interior, generando, por ejemplo, declaraciones demagógicas sobre lo que significa el lucro y un proyecto de ley universitaria populista que solo puede aspirar a estatizar el problema que –se supone– quiere combatir.
No obstante todo esto, es justo decir que el propio régimen, al mismo tiempo que hacía estas cosas, y como si tuviese algún síndrome de personalidad disociada, hizo también en el año varias otras reformas muy prometedoras e incluso potencialmente históricas. Reformas que vale la pena tomar en cuenta por lo que pueden lograr en sí, pero también porque muestran que, pese a todo, sí existe en algún lado de nuestro Gobierno la capacidad de dar pasos adelante y, por lo tanto, una esperanza para los dos años y medio que le quedan en el poder.
Así, por ejemplo, tenemos el caso de la Ley del Servicio Civil, la misma que el Ejecutivo logró hacer aprobar –despertando, por cierto, la aceptación de la gran mayoría de la población– pese a las marchas y las amenazas que desplegaron algunos sectores defensores del statu quo en nuestro Estado. Esta ley es el primer intento orgánico en mucho tiempo de introducir una meritocracia en las filas de nuestro Estado y, si se implementa bien, tiene las potencialidades para transformarlo y volverlo un auténtico servidor – en lugar de un filantrópico torturador– del ciudadano. Ello, especialmente tomando en cuenta que el Gobierno también ha dispuesto la ampliación del sistema de presupuesto por resultados a un número mayor de programas y organismos públicos.
Otro ejemplo importante es el de la reforma del sector salud contenida en la serie de decretos recientemente aprobados y que, revolucionariamente para nuestra salud estatal, introducen incentivos y participaciones privadas en ella, al tiempo que empoderan a su usuario otorgándole un lujo que hasta hoy jamás había tenido: el de elegir entre varias opciones (incluyendo a las privadas) en competencia.
Finalmente, una tercera reforma importante –aunque sin duda hasta ahora insuficiente para un país que ocupa el puesto 113 de 148 países en la categoría de “peso de las regulaciones burocráticas” del Índice de Competitividad Global– fue la contenida en las medidas dadas para el MEF para simplificar y racionalizar nuestros trámites y procedimientos administrativos. Así, entre otras cosas, el Gobierno redujo plazos de algunos permisos emblemáticos, introdujo silencios administrativos positivos, dictó normativas para sancionar a los funcionarios que estableciesen barreras injustificadas e incluso nombró a un equipo específicamente encargado de destrabar proyectos importantes.
Es verdad que todas estas medidas todavía tienen que implementarse por entero para que podamos hablar de verdaderos cambios, pero no por ello deja de ser cierto que, como decíamos, muestran que también existe en el Gobierno la capacidad de plantear pasos innovadores e importantes hacia adelante. Y eso es esperanzador. Si esa capacidad fuese lo que primase en el Gobierno no solo para llevar a buen término las reformas mencionadas en el tiempo que le queda, sino también para realizar algunas otras urgentes –como la de la educación, que en sus dos primeros años detuvo, y la de la policía–, este todavía podría cambiar su lugar en la historia (bajo el supuesto, desde luego, de que se aclaren las dudas surgidas sobre un aparato de poder tras bambalinas dispuesto con fines políticos ocultos).
De hecho, para el caso de que lo anterior resultase mucho pedir, si en el tiempo que le queda el Gobierno tan solo hiciese lo necesario para destrabar la mitad de esos US$22 mil millones en proyectos mineros que tiene detenidos y concesionase al menos un décimo de los proyectos necesarios para cerrar nuestra brecha de infraestructura de US$88 mil millones (todo lo cual no debería ser tan difícil, desde que se trata únicamente de abrir paso a una inversión que ya está ahí, interesada en fluir), podría recuperar el crecimiento acelerado que el Perú tenía hasta hace no tanto y legarnos en el 2016 un país con mucho menos pobreza y más futuro que el que ahora apunta a dejar. ¿Lo hará?
ANTIMINEROS SON FINANCIADOS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
Por Rodrigo Cruz (Perú).
Según un informe, las entidades coordinan con colectivos cajamarquinos, dan apoyo financiero y ejercen presión internacional. Este artículo ha sido publicado en El Comercio de Lima.
Un informe del investigador y especialista en temas extractivos, Miguel Santillana, señala que los principales líderes antimineros opuestos al proyecto Conga cuentan con el apoyo de organizaciones ambientalistas y políticos internacionales, para tratar de impedir que el proyecto se realice.
Santillana dice que entre las organizaciones figuran Frances Libertés-Fondation Danielle Miterrand, France Amérique Latine y Catapa (Bélgica).
Según el informe, además del apoyo económico hay presión internacional a favor de los antimineros y en contra del proyecto. Asimismo, invitan a los líderes a participar de eventos ambientalistas en Europa y el objetivo apunta a interceder por ellos ante la ONU.
El informe muestra que Frances Libertés-Fondation Danielle Miterrand colabora principalmente con la Plataforma Interinstitucional de Celendín (Cajamarca) a través de Tierra y Dignidad.
La organización belga Catapa, que brinda apoyo a “comunidades campesinas amenazadas por multinacionales”, fue cofundada por el cajamarquino Nicanor Alvarado Carrasco, ex candidato a la presidencia regional de Cajamarca por Tierra y Libertad, según declaración jurada enviada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Santillana explicó a *El Comercio* que esta red de apoyo internacional tiene el objetivo de frenar el modelo de desarrollo económico del país basado en industrias extractivas. “Para ellos [las ONG europeas] es una cuestión de ideología y principios”, comentó.
Por otro lado, Santillana indicó que estas ONG financian los viajes de los líderes antimineros Edy Benavides y Milton Sánchez a varios lugares del mundo, con el propósito de conseguir más apoyo internacional para presionar al Estado Peruano a que declare inviable el proyecto minero.
El informe da cuenta también de que estas organizaciones trabajan en constante coordinación con colectivos de peruanos afincados en Europa: Comité de Solidaridad Cajamarca-París, Colectivo de Peruanos en Francia y Comité Celendín-Hamburgo.
Dichos grupos, según el informe, también llevan a cabo actividades contra el proyecto Conga y el Gobierno Peruano en países como Suecia, Bélgica, España, Inglaterra e Italia.
El documento manifiesta que el principal nexo entre todas las organizaciones mencionadas y las protestas que suceden en Cajamarca es el ex sacerdote Marco Arana, líder del partido Tierra y Dignidad y posible candidato a la Presidencia de la República.
Benavides y Sánchez serían los principales operadores políticos de Arana en el Viejo Continente, afirma el informe de Santillana.
Los políticos franceses que estarían a favor de la causa antiminera de los ronderos cajamarquinos son: Laurence Cohen (del Partido Comunista Francés), Pierre Laurent (presidente del Partido de la Izquierda Europea), Patrick Le Hyaric (diputado del Parlamento Europeo por el Frente de Izquierda), Alain Lipietz (miembro del Partido Verde de Francia) y Martine Billarc (copresidenta del Partido de la Izquierda de París).
En una de las fotografías de la cuenta de Facebook del líder antiminero Edy Benavides, que data de octubre del año pasado, se le ve reunido con la senadora francesa Laurence Cohen.
VIAJES A EUROPA
Este diario tuvo acceso a los movimientos migratorios de Edy Benavides y Milton Sánchez y, según los documentos, el segundo viajó en dos oportunidades a Francia el año pasado. Benavides, en cambio, viajó solo una vez a Europa, en octubre.
“El Comercio” conversó con Sánchez sobre los múltiples viajes que realizó fuera del país. El dirigente antiminero negó que alguna ONG internacional haya financiado sus pasajes. Asimismo, aseguró que sus viajes fueron pagados íntegramente por los colectivos peruanos de Europa.
“Yo no tengo absolutamente nada de dinero para poder viajar”, sostuvo. “A nosotros nos invitan por el movimiento que estamos haciendo en Cajamarca. Luego discutimos en nuestras asambleas si participamos o no de las reuniones”, agregó.
En ese sentido, Sánchez recordó que en abril del año pasado estuvo en Irlanda invitado como ponente para “compartir su experiencia de lucha” antiminera.
“Nosotros lo que buscamos es poder articular un movimiento social. Primero en el Perú, después en América Latina”, comentó.
“Nos reunimos con distintas personalidades que están interesadas y preocupadas con lo que viene pasando en el país en relación con el proyecto minero, […] algunos son congresistas”, añadió. Este medio intentó comunicarse con Benavides pero no contestó las llamadas.
LAS RUTAS DE TRÁFICO DE COCAÍNA EN PERÚ SE MULTIPLICAN.
Una nota de Jacquline Fowks, desde Lima, aparecida en El País de Madrid , nos dice que crece el número de avionetas de matrícula boliviana en la selva central del Perú, en ruta hacia Bolivia y con Brasil como destino final de la droga.
“En Santa Cruz, Bolivia, han abierto diez academias de pilotos. La capacitación cuesta de 30 a 40.000 dólares ¿Para qué?”, dijo la presidenta ejecutiva del organismo de lucha antidrogas en Perú, Carmen Masías, al responder a EL PAÍS sobre el destino del estupefaciente que sale de narcopistas en la selva central peruana mediante avionetas de matrícula boliviana y paraguaya. “La droga va a Brasil: los pilotos pueden ser bolivianos, peruanos, colombianos”, precisó.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Perú es el mayor productor de hoja de coca en el mundo. Además, el valle de los ríos Apurímac y Ene (conocido por el acrónimo VRAE), que comprende parte de cuatro departamentos entre la sierra central y la selva sur del país, concentra más del 50% de la producción en el país, es decir, más de 20.000 hectáreas cultivadas, y 200 laboratorios clandestinos, según la Comisión para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida) que conduce Masías.
Entre noviembre y diciembre últimos, el gobierno de Ollanta Humala ha difundido con más frecuencia la confiscación de avionetas de matrícula boliviana y la destrucción de narcopistas en la selva central. Sin embargo, el asesor de Devida Alberto Hart comentó que las pistas luego “son reconstruidas en cinco días o las rehacen en otro lugar. Antes la construcción y el mantenimiento estaba a cargo de narcotraficantes, pero ahora está tercerizado. Los narcos llegan y piden al pueblo que la hagan y pagan 10.000 dólares por vuelo".
Masías sostiene que dos millones de hectáreas de territorio están depredadas en el país andino debido al narcotráfico, como resultado de los cultivos y las pistas.
Los aeródromos clandestinos no se ubican solo el VRAE, sino en la selva central, debido a que es una zona más plana. Quienes trasladan los narcóticos por vía terrestre o fluvial desde el VRAE a las narcopistas son llamados mochileros, en su mayoría jóvenes y mujeres.
“Unos 4.000 jóvenes están en las cárceles del VRAE por tráfico ilícito de drogas, unos proceden de institutos tecnológicos, otros son adolescentes”, añade Masías. Con frecuencia, los civiles y militares de las fuerzas de tarea en dicho valle, reciben en su correo electrónico información de menores de edad detenidos por ese motivo.
Un reporte del diario La República informó que –en diciembre– la policía antidrogas identificó en el VRAE 120 pistas y en Satipo (selva central). Ricardo Soberón, un abogado especializado en droga y seguridad, explicó a EL PAÍS que en Bolivia hay un menor control de insumos químicos y en El Alto (La Paz) hay infraestructura para convertir la pasta en cocaína a costos menores que en Perú.
El asesor de Devida Alberto Hart señaló además que hay colombianos en Perú que trabajan para el narco mexicano –mencionó al Cartel de Sinaloa– y para la mafia europea de Europa del Este. Según Hart, un diplomático de la Cancillería asignado a este sector, “el 60% de la droga peruana va a Europa. Una nueva gran ruta es vía la ingesta y las maletas (que salen por el aeropuerto) hacia los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia, y de allí la droga va a los mercados más atractivos: Italia, Francia, España y Reino Unido. El funcionario explica que ante los grandes controles de una fuerza de tarea internacional en el Pacífico, no hay una única ruta principal de salida de estupefacientes desde Perú.
Durante la rueda de prensa del miércoles de Devida, Alejandro Vassilaqui, director de un organismo privado de prevención de consumo de drogas, mencionó la reciente confiscación en Serbia de droga de origen peruano, destacando la diversidad de rutas y destinos del estupefaciente. Inserbia informó que Aduanas encontró en Belgrado cocaína líquida camuflada en un cargamento de fruta seca, eran 126 bolas de plástico cubiertas de sésamo (ajonjolí).
Por otro lado, el jefe de la policía antidrogas, Vicente Romero, confirmó a EL PAÍS que sigue en investigación la modalidad de salida de droga en maletas que parten del aeropuerto Jorge Chávez en Lima con destino a México DF.
Soberón, director del Centro Drogas y Derechos Humanos, y presidente ejecutivo de Devida al inicio del gobierno de Ollanta Humala, describe cómo evolucionan las rutas y los aspectos comerciales del narco. “Se ha convertido en negocio, para personas de a pie, participar de algún eslabón del narco, desde la chacra hasta fronteras, puerto o aeropuerto: hay de 60 a 100 organizaciones peruanas (pequeñas) dueñas de un segmento del circuito, desde el adelantamiento para cultivo, acopio, transporte al por menor, etcétera”, detalla.
“Los hermanos Quispe Palomino (líderes de los rezagos del grupo terrorista Sendero Luminoso) se están asegurando rutas fluviales hacia Brasil, y por el sur -vía Urubamba y Vilcabamba- hacia Puno y Bolivia. Hay un corredor sur-sur de la droga. El sur andino es como una red de miles de personas jóvenes, mujeres, hombres, burros, convoys, turistas, que transitan para sacar la droga de acá”, agrega Soberón.
El abogado relata que ha escuchado la protesta de los cocaleros de Puno (departamento fronterizo con Bolivia) por la presión que ejercen personas llegadas del VRAE que quieren comprarles coca a los precios que ellos fijen.
“Si la erradicación de cocales comienza en el valle VRAE (como ha anunciado Devida para 2014) los Quispe Palomino ya se han anticipado, porque están entrando a La Convención (sur de Cusco) a comprar coca”, sostiene.
Para el investigador y experto, el hecho de que el VRAE sea un escenario permanente del narco en el suministro de materia prima “demuestra el fracaso de varias de las políticas públicas de Humala, Alan García y Alejandro Toledo”.
Devida calcula que hay unas 60.000 personas y 12.000 familias involucradas en la cadena del narco en el VRAE.
DIFICILMENTE ESPERANZADOR.
Luego de siete años, el gobierno de Correa tiene un saldo muy negativo para Ecuador, señala una nota editorial de El Comercio “on line” de Lima, Perú. En estos días se cumplieron siete años desde que Rafael Correa llegó al poder. Según el presidente de Ecuador, en este tiempo su país “ha superado la desesperanza, ha recuperado la fe”. Vale la pena, sin embargo, analizar qué tantas razones tendrían los ecuatorianos para ser así de positivos sobre el futuro de su país luego de estos años.
Empecemos con cómo le ha ido a la democracia. En el 2012 el Poder Judicial fue intervenido por el gobierno mediante la creación de un “consejo de transición” integrado por miembros elegidos en la práctica, según Human Rights Watch, por el propio presidente de la República. Este consejo reemplazó al Consejo de la Judicatura, un órgano independiente encargado de seleccionar, destituir y ascender a los jueces.
Correa, asimismo, maneja al Parlamento. Gracias a su reforma constitucional, tiene el derecho de archivar por un año cualquier proyecto de ley que no sea de su agrado. Además, puede disolver el Congreso si considera que este obstruye el plan nacional de desarrollo. Así, el Ejecutivo controla a sus anchas al Legislativo.
Correa, además, ha usado la consabida técnica de varios autócratas para perpetuarse en el poder: como la Constitución se lo prohibía, la cambió.
El Gobierno Ecuatoriano, por otro lado, también tuerce la ley para castigar a sus opositores. Según Human Rights Watch, en Ecuador se utilizan las leyes antiterrorismo para sancionar hasta con ocho años de cárcel a quienes marchan contra el gobierno, aunque sus protestas sean pacíficas. Asimismo, el año pasado el Ejecutivo emitió el controvertido Decreto 16, que permite intervenir y disolver las asociaciones civiles que realicen actividades que le sean incómodas.
Correa, además, se ha preocupado por silenciar al periodismo. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, su ley de medios sería “el revés más serio para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”.
En lo que va de su gobierno, Correa ha cerrado unos 20 medios críticos de su gestión, creó un consejo censor de la prensa, promulgó una ley que impide que durante época electoral los diarios publiquen artículos de opinión “tendenciosos” y creó la ingeniosa figura legal del “linchamiento mediático”, que habilita al Estado a sancionar a quien critique a funcionarios públicos. Paralelamente, redistribuyó las frecuencias del espectro electromagnético para callar a los canales incómodos. Además, según “The Economist”, del 2007 al 2012 Correa forzó a todos los canales de televisión y radioemisoras a transmitir sus más de 1.300 mensajes publicitarios oficialistas. A esto hay que sumar que el presidente de Ecuador no ha vacilado en premiar a los medios cercanos a su “revolución” con publicidad estatal y en atacar a los opositores iniciándoles procedimientos administrativos, laborales y judiciales (siendo quizá el caso más emblemático la persecución a tres directivos y un periodista de “El Universo” por publicar una columna que ofendió al presidente). Su secretario de Comunicación justifica la actitud oficialista de persecución a la prensa de forma elocuente: “Un jardinero debe podar todos los días la mala hierba”.
Finalmente, una vez que se les mira de cerca, ni siquiera los logros económicos del gobierno de Correa deberían ser tan celebrados. Es cierto que el país crece más que el promedio regional y que ha reducido la pobreza (aunque no tanto como ha sucedido en el Perú gracias a nuestro modelo más abierto). Pero esta aparente prosperidad no se ha generado de una manera sostenible, sino mediante la construcción de obras públicas y la entrega de subsidios asistencialistas que han sido posibles gracias a que, desde el 2006, los ingresos del gobierno se triplicaron por al alza del precio del petróleo. Una situación que hoy vuelve dependiente a buena parte de la población y que, cuando termine, podría dar paso a un descalabramiento de la economía, pues el aparato productivo privado ha sido carcomido todos estos años (de hecho, Ecuador es uno de los países que menos inversión extranjera recibe).
Este es el saldo de la “revolución” Correa. “Esperanzador” difícilmente es el calificativo que mejor se le aplica.
EE.UU AMPLÍA LA LISTA DE LOS ESTRAGOS VINCULADOS AL CONSUMO DEL TABACO.
El Director General de Salud Pública presenta el primer estudio en 10 años sobre las consecuencias de fumar, según informa una nota de Carolina García, desde Washington, para El País de España.
El Director General de Salud Pública de Estados Unidos, Boris Lushniak, ha sido tajante: “La epidemia del tabaco debe desaparecer”. Con estas palabras, la mayor autoridad sanitaria del país ha presentado este viernes el primer estudio sobre los estragos de fumar en 10 años, de 980 páginas y que se denomina Las consecuencias de fumar tras 50 años de progreso.
Lushniak ha informado que los estragos del tabaco son ahora más numerosos que hace medio siglo y que "fumar también provoca -además de problemas respiratorios, cardíacos y cáncer de pulmón- cáncer de riñón, colorrectal -incluye cualquier tipo de neoplasias del colon, recto y apéndice-, diabetes, artritis rumatoide y disfunción eréctil". El acto ha tenido lugar en la Casa Blanca.
"Ya basta. Necesitamos eliminar el hábito de fumar para conseguir una generación libre de humo", ha asegurado Lushniak en una entrevista telefónica a AP. "Llamo a la sociedad, a los Estados, a los Gobiernos locales a que acaben con el tabaco con campañas, nuevas leyes, programas educativos, aumento de impuestos. Lo que haga falta.", ha añadido.
"No es solo un problema que debe asumir el Gobierno federal, es de todos. Para llegar a conseguir el objetivo tenemos que ir a hablar con la industria, con los proveedores de salud y recordarles que el problema todavía no está resuelto", ha sostenido Lushniak.
El informe concluye que el tabaco ha matado a más de 20 millones de estadounidenses en el último medio siglo, el pasado 11 de enero fue el 50 aniversario de la primera vez que las autoridades sanitarias del país informaron a la población que el tabaco mataba, y "avisamos que si no se detiene la epidemia, más de cinco millones de niños están condenados a fallecer prematuramente debido a esta causa", ha añadido el Director General de Salud Pública. Además, el Gobierno podría no alcanzar su objetivo de bajar la tasa de fumadores al 12% para 2020, se advierte en el nuevo informe.
A pesar de que la incidencia de fumadores ha descendido en los últimos 50 años en EE UU, del 43% en 1964 al 18% de la población en la actualidad, y que, según los expertos, se han evitado en estos años unos ocho millones de muertes prematuras; "cada día 3.200 jóvenes menores de 18 años prueban un cigarrillo". El informe también ha demostrado que la exposición al humo provoca un riesgo de un 30% de padecer una embolia a los fumadores pasivos.
"En 1964, solo un tipo de cáncer estaba relacionado con fumar -el de pulmón-, ahora son 13 los tumores malignos que son causa directa de este mal hábito", ha enfatizado Lushniak. "Es increíble que 50 años después sigamos encontrando nuevas consecuencias negativas en la salud del tabaco", ha explicado el director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de EE UU, Thomas Frieden, a REUTERS.
Los nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, han tenido poca cabida en el informe ya que los efectos en la salud de los mismos todavía se desconocen y "complica los mensajes de salud dirigidos al público". Aunque se han hecho muchos estudios al respecto, las conclusiones diversas han dificultado una conclusión unánime en cuanto a su uso.
En EE UU, los cigarrillos electrónicos llevan diez años comercializándose y todavía no existe ni una ley federal ni un protocolo de la Agencia Federal de Control de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) que los regule, aunque se ha incrementado mucho su producción por parte de las grandes compañías de tabaco, consiguiendo cifras millonarias cada año.
A pesar de que el sector está ahora pendiente del informe FDA que será determinante para fijar la regulación que tendrá el producto en el país, ciudades como Nueva York y Chicago ya han prohibido su uso en los mismos sitios -bares, restaurantes y zonas públicas, entre otras- que el tabaco convencional. La publicación de este informe, prevista para finales de octubre, se retrasó debido al cierre parcial de la administración estadounidense ocurrido durante ese mes.
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Fuente:
TIEMPO NUEVO INTERNACIONAL.
TIEMPO NUEVO INTERNACIONAL.
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Addhemar Sierralta
Año 6 No. 235 - 27 de enero de 2014